Luego de su presentación ante unas 35.000 personas en Córdoba, se confirmó la fecha en la que Cristian “Pity” Álvarez será sometido a una nueva evaluación médica. La misma definirá si está en condiciones de enfrentar un juicio oral.
El músico se encuentra imputado por un homicidio ocurrido en 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. También por los delitos de portación ilegítima de arma de uso civil y privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas.
El 10 de febrero de 2026 será un día determinante para la situación judicial de Cristian Álvarez Congiu. En esa fecha deberá presentarse ante una Junta Médica que evaluará su estado psíquico y determinará si puede ser juzgado. La instancia se produce pocos días después de su regreso a los escenarios, luego de siete años, cuando el pasado 20 de diciembre encabezó un recital en el Estadio Mario Alberto Kempes.
La reaparición pública de “Pity”
El show marcó su reaparición pública tras un prolongado período alejado de la actividad musical. Mientras tanto continúa vigente el proceso penal en su contra. La causa se tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Sandro Abraldes.
La legislación procesal establece que una persona debe ser considerada imputable no solo al momento del hecho, sino también durante el desarrollo del juicio. En este caso, la defensa del cantante logró que fuera declarado inimputable de manera provisoria en función de informes psiquiátricos y psicológicos, lo que derivó en la suspensión del debate oral.
La causa no fue cerrada ni anulada, sino que permanece en pausa hasta que se determine si el acusado puede participar del proceso judicial.
Álvarez es sometido periódicamente a evaluaciones médicas. De hecho, la autorización para viajar a Córdoba fue otorgada recién el miércoles 17 de diciembre, a menos de 72 horas del recital. Esto debido a que no se había presentado previamente ante el Cuerpo Médico Forense para cumplir con los exámenes requeridos.
Tras el recital, el fiscal Abraldes impulsó dos denuncias vinculadas al operativo realizado durante el evento. Una de ellas fue presentada contra Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes y de la Asociación Argentina de Tenis, así como contra una de las productoras involucradas en la organización del espectáculo.